La crisis migratoria desatada en Ceuta a finales de julio ha dejado una secuela de preguntas sin respuesta clara. Casi un mes después de la entrada masiva de miles de personas por la frontera, el Gobierno español reconoce que al menos 2.200 migrantes permanecen en la ciudad, pero la burocracia, los plazos legales y la complejidad de los procedimientos administrativos han frenado cualquier intento de devolución exprés. La pregunta que resuena en los pasillos del poder y en las calles ceutíes es por qué, si la mayoría de los recién llegados ya se fue, los que aún están no pueden ser retornados a Marruecos o a sus países de origen.
La incertidumbre sobre las cifras: cuántos migrantes quedan realmente en Ceuta
La cifra oficial de 2.200 migrantes que aún deambulan por Ceuta es solo la punta del iceberg de un problema de contabilización que ha generado un intenso debate político. A finales de julio, entre 72.000 y 80.000 personas entraron de forma irregular en la ciudad autónoma, según diversas estimaciones. Sin embargo, apenas unos días después, alrededor de 70.000 ya habían abandonado la región, muchos de ellos retornados a Marruecos de manera voluntaria o forzosa. A partir de ahí, las cifras se han convertido en un campo de batalla política.
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, aseguró a mediados de agosto que aún quedaban más de 10.000 migrantes «vagando por las calles, entre las playas, colinas y barrancos de Ceuta». Sin embargo, el Gobierno ha ido ajustando sus estimaciones a la baja. La ministra de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, admitió que Interior ha priorizado la filiación de los menores, de los que ya se han registrado 2.500, y que el número total de adultos en situación irregular aún sin identificar ronda los 2.200. La disparidad de cifras refleja la dificultad de realizar un censo en un contexto de crisis humanitaria y tensiones políticas.
¿Por qué el Gobierno no puede dar una cifra exacta?
La respuesta oficial es que el proceso de identificación y filiación es complejo y requiere tiempo. Saiz explicó que Interior ha priorizado a los menores, pero que para los adultos el proceso es más lento porque implica verificar su identidad, su país de origen y si tienen motivos para solicitar asilo. Además, muchos migrantes se han dispersado por la ciudad y sus alrededores, lo que dificulta su localización y registro. La falta de un espacio adecuado para alojarlos ha sido otro obstáculo clave, como se analizará más adelante.
El marco legal que complica las devoluciones: de la ley de extranjería a la normativa comunitaria
La principal razón por la que los 2.200 migrantes todavía no han sido devueltos es que el proceso de expulsión no es automático. La Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, y su desarrollo en el Decreto 1155/2024, establecen un procedimiento que debe respetar las garantías individuales de cada persona. Esto significa que no todos los migrantes están en la misma situación legal, y el tratamiento es diferente según el perfil.
Desde el punto de vista jurídico, hay tres categorías principales que determinan la viabilidad de una devolución:
- Adultos de países considerados seguros, como Marruecos: para ellos, la expulsión es legalmente posible, pero debe realizarse dentro de las 72 horas siguientes a la entrada irregular. Pasado ese plazo, el procedimiento se complica y requiere un expediente individual, alegaciones y, en muchos casos, un internamiento en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) o en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, cuya duración puede extenderse durante meses.
- Menores no acompañados: están sujetos a un régimen especial de protección. La legislación española y la normativa de la Unión Europea establecen que no pueden ser devueltos sin antes garantizar su bienestar y verificar si existen vínculos familiares en el país de origen. El precedente de 2021, cuando dos cargos del Gobierno ceutí fueron condenados a nueve años de inhabilitación por una repatriación exprés de menores, ha generado una enorme cautela entre las autoridades.
- Personas de países no seguros (Sudán, Siria, Afganistán) o apátridas: tienen derecho a solicitar asilo, y mientras se tramita su petición no pueden ser expulsados. El proceso de solicitud de protección internacional puede alargarse varios meses, durante los cuales el migrante permanece en territorio español.
El plazo de 72 horas ha sido superado con creces por todos los que llegaron entre el 30 y el 31 de julio. A partir de ese momento, la expulsión ya no es inmediata y debe pasar por un procedimiento administrativo que incluye la identificación, la apertura de un expediente, la posibilidad de presentar alegaciones y, en caso de que se acuerde la devolución, la ejecución de la misma, que requiere la colaboración del país de origen.
¿Qué dice la ley sobre la devolución de menores?
La normativa española y europea protege especialmente a los menores no acompañados. La Ley de Extranjería establece que su repatriación solo es posible si se garantiza su reagrupación familiar en el país de origen o si se asegura que serán atendidos por los servicios de protección de menores marroquíes. La Comisión Europea ha respaldado el retorno «rápido» de todos los migrantes irregulares, incluidos los menores, pero siempre que se respeten las garantías legales. La sombra de la condena de 2021 pesa sobre cualquier decisión, y el Gobierno prefiere extremar las precauciones antes que arriesgarse a una nueva condena por prevaricación.
El factor político y social: la batalla por los espacios de alojamiento
Uno de los obstáculos más concretos que ha frenado la gestión de la crisis ha sido la negativa del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), a ceder polideportivos y otros espacios públicos para alojar a los migrantes. Vivas considera que el Gobierno central debe asumir la responsabilidad de buscar soluciones alternativas, y ha llegado a amenazar con encerrarse para impedir la ocupación de esos recintos. Esta disputa ha retrasado el proceso de filiación y control, que es el paso previo necesario para iniciar cualquier expediente de devolución.
La ministra Saiz ha insistido en que es necesario «agrupar» a los migrantes en un lugar para «hacer listados y hacer filiaciones». Sin embargo, sin un espacio adecuado, el trabajo de identificación se realiza sobre el terreno, de forma dispersa y mucho más lenta. La consecuencia es que los plazos se alargan y los migrantes permanecen en la calle, sin un control efectivo.
La tensión entre el Gobierno central y el Ejecutivo ceutí
La crisis ha abierto un pulso político entre el PP, que gobierna Ceuta, y el PSOE, que lidera el Gobierno de España. Vivas ha denunciado que el Ejecutivo central está resolviendo entre 25 y 30 expedientes de devolución al día, un ritmo que, según sus cálculos, haría falta más de un año para devolver a todos los que llegaron en julio. El presidente ceutí ha elevado la cifra de migrantes aún presentes a entre 8.000 y 11.000, aunque el Gobierno no lo reconoce. Esta discrepancia alimenta un clima de desconfianza mutua que dificulta la coordinación necesaria para resolver la crisis.
El papel de Marruecos y la UE: geopolítica y presión diplomática
La colaboración de Marruecos es esencial para cualquier repatriación masiva, pero el país vecino ha aprovechado el contexto para reavivar sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla, a las que considera «ciudades ocupadas». Esta tensión diplomática añade un componente geopolítico que complica aún más las negociaciones. Aunque las autoridades españolas han defendido la «estrecha colaboración» con Marruecos, los hechos demuestran que la cooperación no es automática ni fluida.
Por su parte, la Unión Europea ha respaldado la repatriación de los migrantes, incluidos los menores, invocando la directiva de retornos y el reglamento de junio que endurece las normas comunitarias. Sin embargo, Bruselas también recuerda que cualquier devolución debe respetar el derecho internacional y las garantías individuales. La paradoja es que la UE apoya la rapidez, pero la legislación española, que es la que se aplica directamente, exige un proceso más lento y garantista.
El proceso de devolución: de la identificación al internamiento
Para entender por qué los 2.200 migrantes siguen en Ceuta, es necesario desglosar el procedimiento que debe seguirse para cada persona. Tras la entrada irregular, el primer paso es la identificación y filiación, que incluye la toma de datos biométricos y la verificación de la nacionalidad. En el caso de los adultos, si se determina que proceden de un país seguro y no tienen motivos para solicitar asilo, se inicia un expediente de expulsión. Este expediente debe incluir alegaciones, y el migrante tiene derecho a ser asistido por un abogado.
Si se acuerda la expulsión, la persona puede ser internada en un CIE o en el CETI de Ceuta mientras se gestiona el retorno. La duración máxima del internamiento está regulada y puede ser de hasta 60 días, prorrogables en casos excepcionales. Sin embargo, la falta de plazas en estos centros ha sido un problema recurrente, y en Ceuta la capacidad del CETI es limitada. Además, la colaboración de Marruecos es necesaria para que la repatriación se materialice, y en los últimos años Rabat ha mostrado reticencias en varias ocasiones.
¿Por qué no se puede hacer una devolución exprés como en 2021?
El precedente de 2021 es clave. En aquella ocasión, el Gobierno ceutí devolvió de forma exprés a un grupo de menores marroquíes sin seguir el procedimiento legal. La justicia condenó a dos altos cargos a nueve años de inhabilitación por prevaricación, sentando un precedente que ha hecho extremadamente cautelosas a las autoridades. La ministra Saiz lo ha dejado claro: «No son actos automáticos, tienes que conocer la historia de vida de esa persona. Un recurso de atención humanitaria no sale como un champiñón en un campo». Cada caso requiere un expediente individual, y eso lleva tiempo.
Un horizonte incierto: entre la burocracia y la presión política
La crisis de Ceuta ha puesto de manifiesto las contradicciones del sistema migratorio español y europeo. Por un lado, la opinión pública y los actores políticos reclaman soluciones rápidas y eficaces para devolver a los inmigrantes irregulares. Por otro, el Estado de derecho exige garantías que ralentizan cualquier proceso de expulsión. La burocracia, la falta de espacios, la tensión política y la complejidad geopolítica se combinan para crear una situación en la que los 2.200 migrantes se han convertido en un símbolo de la incapacidad del sistema para responder con agilidad.
Mientras tanto, el debate sobre la legalidad de las devoluciones sigue abierto. La Comisión Europea ha abogado por el retorno rápido, pero la realidad sobre el terreno demuestra que la ley no siempre se puede aplicar de forma exprés. La pregunta que sigue sin respuesta es si España y la UE serán capaces de encontrar un equilibrio entre la eficacia administrativa y el respeto a los derechos individuales, o si la crisis de Ceuta será solo el preludio de una crisis mayor en la frontera sur de Europa.
