Durante siglos, tocar un mojón fue pecado, delito o ambas cosas. El Deuteronomio maldice a quien corre el lindero que fijaron los antiguos; Roma divinizó la piedra del término con fiestas y sacrificios. Ovidio llegó a escribir que un dios lindero, Término, no cedió ni ante Júpiter. Pero 2026 ha sido el año más devastador de la historia contemporánea en incendios forestales: 299.501 hectáreas quemadas hasta septiembre, el triple de la media, con 43 grandes incendios, emergencias de interés nacional y más de 90.000 personas evacuadas o confinadas. En ese escenario, la Xunta de Galicia ha presentado un anteproyecto de ley que rompe uno de los tabúes más antiguos del derecho de propiedad: permitir que un vecino entre en tu finca para desbrozarla si tú no lo haces.
La nueva ley de incendios en Galicia: entrar en fincas vecinas para desbrozar
El anteproyecto, que pasó por el Consello Forestal el 22 de septiembre y llegará al Parlamento gallego en octubre, renueva la Ley 3/2007. Su premisa es engañosamente simple: cada propietario debe limpiar su terreno; si el vecino no lo hace en dos años consecutivos o la biomasa supera los 50 centímetros de altura media, el dueño de una casa o granja colindante podrá desbrozar esa franja mediante servidumbre forzosa de paso. Así lo establece el artículo 39.3 del texto, que no obliga pero sí permite actuar cuando el titular lleva dos años incumpliendo la obligación de mantener limpia la franja de seguridad de 50 metros alrededor de núcleos y viviendas.
Antes de entrar, el interesado debe avisar al concello, que tiene la responsabilidad de localizar al propietario y, en su caso, sancionarlo. Lo que no se podrá hacer es cortar árboles: esa tarea sigue correspondiendo al dueño de la finca. La medida ya ha generado protestas de la Asociación Forestal de Galicia, que considera que se traslada la carga del Estado y los concellos a los particulares.
Distancias, multas y exigencias concretas
El anteproyecto amplía de forma significativa las exigencias. La época de alto riesgo se extiende un mes, del 16 de junio al 15 de octubre. La franja de 50 metros alrededor de viviendas y núcleos se mantiene, pero la Xunta podrá ampliarla hasta 100 metros en aldeas con situación 2 de riesgo, y hasta duplicarla en zonas estratégicas. Las distancias junto a infraestructuras también suben:
| Infraestructura | Distancia mínima de desbroce |
|---|---|
| Autopistas | 20 metros |
| Carreteras y tendidos eléctricos | 10 metros |
| Gasoductos | 5 metros |
Por primera vez, la ley obliga también a los dueños de terrenos urbanos que lindan con el monte, incluso si el concello no ha delimitado la franja. La exigencia es clara: biomasa por debajo de 50 centímetros y copas de árboles fuera de los tejados. Se mantiene la prohibición de plantar eucaliptos, pinos y acacias en la franja, con excepciones ornamentales. Las multas oscilan entre 100 y 1.000 euros para infracciones leves, y entre 1.001 y 100.000 euros para las graves, especialmente en zonas estratégicas.
El contexto de un año histórico en incendios
Para entender por qué una ley así gana tracción política y social, hay que mirar las cifras de 2026. Hasta el 24 de septiembre, el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) registró 299.501 hectáreas quemadas en España, el 44,1% de todo lo que ardió en la Unión Europea. La media histórica ronda las 95.000 hectáreas. Aunque 2025 fue peor en cifras absolutas (cerró con 393.079 hectáreas, la peor desde 1994), 2026 ha sido especialmente duro por la concentración de grandes incendios y su impacto en zonas pobladas.
A mediados de agosto se contabilizaron 43 grandes incendios (más de 500 hectáreas cada uno). El incendio de Niebla, en Huelva, se convirtió en el mayor de la historia de Andalucía y provocó la primera declaración de emergencia de interés nacional por fuego. En Los Gallardos, Almería, un incendio forestal causó 13 víctimas mortales, convirtiéndose en el más mortífero del sur de España. Más de 90.000 personas fueron evacuadas o confinadas a lo largo del verano. En Galicia, solo en 2025 ardieron casi 120.000 hectáreas, y la comunidad sigue siendo una de las más castigadas.
El problema estructural de los lindes en Galicia
El gran desafío de esta nueva ley no es su espíritu, sino su aplicabilidad. Galicia suma 11 millones de parcelas rústicas, el 28% de todas las de España, con 1,7 millones de propietarios. La parcelación media es de 2.500 metros cuadrados, y un propietario típico posee 6,7 parcelas. El Catastro tenía mal identificada la propiedad de alrededor del 30% de esas tierras. La Xunta cifra en un 8% las parcelas sin dueño conocido, pero en zonas de abandono rural ese porcentaje sube al 30-40%, y en algunos polígonos hasta un 80% de las propiedades ni siquiera figuran en el Catastro.
Para entrar en la finca del vecino, primero hay que saber dónde acaba la tuya. En Galicia los lindes se han marcado históricamente con muros de piedra, árboles, setos de tuyas o simples referencias orales. Muchos de esos elementos ya no existen. Un levantamiento topográfico cuesta entre 200 y 800 euros por parcela, un gasto que muchos propietarios no pueden o no quieren afrontar. El Código Civil exige dos metros de distancia para árboles altos y 50 centímetros para arbustos respecto al linde, pero la costumbre gallega permitía plantar hasta el mismo borde para fijar el límite. Ese conflicto entre derecho civil y tradición local es el caldo de cultivo de pleitos y confusiones.
La delgada línea entre el seto ilegal y el mojón intocable
Un mismo seto puede ser ilegal por estar demasiado cerca de la vivienda, intocable porque marca el linde entre dos fincas, y altamente inflamable según los criterios de la nueva ley. La Audiencia de Málaga ordenó el año pasado talar o trasplantar cinco árboles que llevaban años en su sitio porque la antigüedad no legaliza la infracción de distancia. Y el árbol que hace de mojón no puede talarse sin acuerdo de ambos colindantes. El anteproyecto sugiere la «sustitución progresiva» de tuyas, brezos, enebros, palmeras, pinos, cipreses, cedros, piceas y abetos en la interfaz urbano-forestal. Es una recomendación, no una orden, pero apunta directamente a los setos que funcionan como lindes en una comunidad donde ni el Catastro sabe dónde está la línea.
¿Qué dice el Código Penal sobre alterar lindes?
El artículo 246 del Código Penal castiga con multa de tres a dieciocho meses alterar mojones. La jurisprudencia incluye elementos naturales como rocas o árboles. Pero solo hay delito si existe ánimo de lucro; si la disputa es honesta, el asunto se resuelve por deslinde civil. Décadas de abandono rural han acumulado combustible en los montes, y el fuego ya no solo quema monte: se come los cultivos que antes frenaban las llamas. Los estudios muestran que la agricultura activa reduce un 75% la exposición de los edificios al fuego, mientras que el abandono multiplica por siete las estructuras en riesgo alto.
El anteproyecto puede multar con hasta 100.000 euros, autorizar a un vecino a entrar con la desbrozadora y recomendar que se arranque el seto. Lo que todavía no puede hacer es decir de quién es cada finca. Y en un territorio donde el 8% de las parcelas no tienen dueño conocido —y en algunos polígonos abandonados el 80% ni siquiera está inscrito en el Catastro—, la letra de la ley choca con la realidad del terreno.
El precedente de los anillos antiincendios en el Pirineo
Mientras la Xunta tramita su ley, en el Pirineo aragonés ya están creando anillos antiincendios entre todos los vecinos. La experiencia demuestra que cuando la comunidad se organiza, la prevención funciona. Pero la ley gallega apuesta por un enfoque más coercitivo: si el concello no se adhiere al convenio de biomasa, la ley de acompañamiento de los presupuestos prevé retener el 30% del Fondo de Cooperación Local. En 2025 se revisaron 244.200 parcelas; cerca del 64% estaban gestionadas correctamente, pero solo se abrieron 226 expedientes sancionadores. El cumplimiento, aunque mayoritario, deja un margen de riesgo que la nueva ley intenta cerrar.
Las brasas de un incendio pueden viajar kilómetros por delante del frente. Un estudio de la Universidad de California en Berkeley sobre cinco incendios californianos entre 2017 y 2020 atribuyó a las brasas cerca de un tercio de las igniciones de viviendas, y demostró que mantener 1,5 metros sin vegetación alrededor de la casa aumentaba su supervivencia de forma significativa. Esa franja de seguridad, en un chalé con seto de tuyas, puede estar ocupada por el propio seto. La nueva ley obliga a que la biomasa esté por debajo de 50 centímetros y las copas fuera de los tejados, pero si el seto marca el linde y el vecino no quiere que se toque, la tensión está servida.
Lo que la ley no resuelve: el minifundio y la propiedad desconocida
La Xunta mantiene la figura de la expropiación para fincas de dueño desconocido, pero la realidad es que limpiar una parcela abandonada puede costar tanto o más que su valor catastral. En un territorio de minifundio extremo, el coste de la prevención recae sobre propietarios que a menudo no viven en las aldeas, no conocen sus lindes o simplemente no tienen medios. La ley intenta forzar la responsabilidad individual, pero el problema es colectivo y estructural: décadas de abandono rural han creado un paisaje continuo de combustible que no respeta lindes catastrales.
El fuego no lee escrituras. Las nuevas normas gallegas son un intento valiente de romper el tabú de la propiedad para salvar vidas y casas, pero su eficacia dependerá de la capacidad de la administración para resolver el rompecabezas de los lindes. Mientras tanto, los vecinos tendrán que decidir si prefieren un pleito o una desbrozadora, y los concellos tendrán que localizar a dueños que a veces ni siquiera saben que poseen un monte. La ley ha llegado, pero la geometría del territorio aún no se ha puesto al día.
