{"id":67776,"date":"2026-09-05T10:54:08","date_gmt":"2026-09-05T10:54:08","guid":{"rendered":"https:\/\/overcentral.com\/es\/?p=67776"},"modified":"2026-09-05T10:54:08","modified_gmt":"2026-09-05T10:54:08","slug":"proyecto-castor-deuda-millonaria-67776","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/overcentral.com\/es\/proyecto-castor-deuda-millonaria-67776\/","title":{"rendered":"El proyecto Castor genera 4.700 millones en deuda sin inyectar ni un metro c\u00fabico"},"content":{"rendered":"

El proyecto Castor, el almac\u00e9n subterr\u00e1neo de gas situado a 1.750 metros bajo el lecho marino frente a Vinar\u00f2s, nunca ha vendido ni un solo metro c\u00fabico de gas comercial. Sin embargo, seg\u00fan la orden ministerial de 2017, ha generado una deuda total de 4.700 millones de euros que los consumidores y contribuyentes espa\u00f1oles siguen pagando. Trece a\u00f1os despu\u00e9s de los primeros se\u00edsmos que paralizaron su operaci\u00f3n, el almac\u00e9n permanece sellado, en hibernaci\u00f3n t\u00e9cnica, y contin\u00faa acumulando gastos: los \u00faltimos 200 millones de euros anunciados para su desmantelamiento, que el Gobierno prometi\u00f3 cerrar \u00abeste verano\u00bb de 2026, se suman a una factura que ya roza los 1.700 millones de euros p\u00fablicos, la cifra que el entonces ministro Jos\u00e9 Manuel Soria estim\u00f3 en 2013. Mientras tanto, Enag\u00e1s<\/a>, la operadora del sistema gasista, cerr\u00f3 el primer semestre de 2026 con un beneficio de 126,9 millones, un 27,9% menos que en el mismo periodo de 2025, pero a\u00fan as\u00ed el agujero del Castor sigue sin cerrarse.<\/p>\n

El origen de un proyecto fara\u00f3nico: de la planificaci\u00f3n de 2002 a la urgencia de 2006<\/h2>\n

La idea del almac\u00e9n de gas Castor ya figuraba en la planificaci\u00f3n energ\u00e9tica espa\u00f1ola de 2002, bajo el gobierno de Jos\u00e9 Mar\u00eda Aznar, aunque entonces se descart\u00f3 por considerarse prematura. Cuatro a\u00f1os despu\u00e9s, en 2006, con Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez Zapatero en la presidencia y Joan Clos al frente del Ministerio de Industria, el proyecto pas\u00f3 a ser calificado como \u00aburgente\u00bb y \u00abprioritario\u00bb. La concesi\u00f3n fue otorgada mediante el Real Decreto 855\/2008<\/a>, de 16 de<\/a> mayo, a la empresa Escal UGS, participada en un 66,67% por ACS (el grupo de Florentino P\u00e9rez) y el resto por la canadiense Dundee. El decreto, con una duraci\u00f3n de 30 a\u00f1os<\/a> prorrogables a otros 20, inclu\u00eda una cl\u00e1usula excepcional en su art\u00edculo 4: si la concesi\u00f3n se extingu\u00eda, la empresa cobrar\u00eda el valor de sus instalaciones aunque mediara \u00abdolo o negligencia\u00bb por su parte. En 2011, el decreto fue modificado para ajustar los plazos de puesta en marcha, que ya acumulaban retraso. El ministro que firm\u00f3 la modificaci\u00f3n, Miguel Sebasti\u00e1n, culp\u00f3 despu\u00e9s a su antecesor, Joan Clos, de haberle \u00abcolado\u00bb el proyecto sin la debida diligencia.<\/p>\n

Lo construido: un almac\u00e9n obsoleto antes de estrenarse<\/h2>\n

Escal UGS reutiliz\u00f3 un antiguo yacimiento petrol\u00edfero explotado por Shell, que hab\u00eda extra\u00eddo 56 millones de barriles de petr\u00f3leo entre 1975 y 1989. Sobre esa base, la compa\u00f1\u00eda mont\u00f3 una plataforma marina, construy\u00f3 un gasoducto de 30,3 kil\u00f3metros y una planta de tratamiento en tierra en Vinar\u00f2s, bautizada \u00abIgnacio P\u00e9rez\u00bb en honor al hermano fallecido de Florentino P\u00e9rez. La capacidad de almacenamiento proyectada era de 1,9 bcm (miles de millones de metros c\u00fabicos), equivalente a un tercio de la demanda espa\u00f1ola de gas durante 50 d\u00edas. Sin embargo, cuando las obras finalizaron a mediados de 2012, la crisis econ\u00f3mica ya hab\u00eda hundido la demanda de gas a la mitad. El almac\u00e9n naci\u00f3 obsoleto antes de iniciar su operaci\u00f3n comercial.<\/p>\n

Los terremotos que paralizaron el proyecto: m\u00e1s de 400 microse\u00edsmos en tres meses<\/h2>\n

Las pruebas de inyecci\u00f3n de gas comenzaron en junio de 2013. Entre junio y septiembre de ese a\u00f1o, se registraron m\u00e1s de 400 microse\u00edsmos en la zona de Castell\u00f3n y Tarragona, generando alarma social. El 26 de septiembre de 2013 se detuvo la inyecci\u00f3n, y el 3 de octubre el ministro Jos\u00e9 Manuel Soria confirm\u00f3 la paralizaci\u00f3n mediante el Real Decreto-ley 13\/2014, calificando la cl\u00e1usula de indemnizaci\u00f3n de \u00ababusiva\u00bb y solicitando al Tribunal Supremo su anulaci\u00f3n. El Supremo desestim\u00f3 el recurso del Estado el 14 de octubre de 2014, apenas once d\u00edas despu\u00e9s, fallando a favor de la validez de la cl\u00e1usula. En mayo de 2017, un estudio del MIT y Harvard vincul\u00f3 los temblores con la inyecci\u00f3n de gas, y un mes despu\u00e9s, un equipo de la Universidad Polit\u00e9cnica de Madrid public\u00f3 la confirmaci\u00f3n definitiva: se trataba de \u00absismicidad inducida\u00bb causada directamente por la presi\u00f3n de la inyecci\u00f3n, y \u00absismicidad disparada\u00bb por la reactivaci\u00f3n de una falla pr\u00f3xima al aumentar la presi\u00f3n de poros en el subsuelo, con algunos eventos de intensidad III en la escala EMS98. Hasta la fecha, se han registrado m\u00e1s de 1.000 microse\u00edsmos en la zona.<\/p>\n

El efecto bumer\u00e1n: el bloqueo de la evaluaci\u00f3n ambiental en toda Espa\u00f1a<\/h2>\n

Los se\u00edsmos tambi\u00e9n desencadenaron una crisis interna en la Administraci\u00f3n. En enero de 2015, un juzgado de Vinar\u00f2s imput\u00f3 a 18 personas por prevaricaci\u00f3n medioambiental, todas ellas t\u00e9cnicos del Instituto Geol\u00f3gico y Minero y de la Direcci\u00f3n General de Calidad y Evaluaci\u00f3n Ambiental, acusados de no haber evaluado el riesgo s\u00edsmico antes de aprobar el proyecto. Teresa Ribera, entonces secretaria de Estado que firm\u00f3 la declaraci\u00f3n de impacto ambiental, no fue imputada. El resultado fue un bloqueo generalizado de las evaluaciones ambientales: en 2016 solo se publicaron 5 declaraciones de impacto ambiental en el BOE, frente a 38 en 2015 y 122 en 2009. El atasco afect\u00f3 a proyectos ajenos al gas, como una mina en Extremadura con 400 empleos que permaneci\u00f3 paralizada 14 meses, o la ronda sur de M\u00e1laga, que esperaba su papeleo ambiental desde 2015.<\/p>\n

La indemnizaci\u00f3n de 1.350 millones: pagada dos veces, a los bancos y al Estado<\/h2>\n

Un a\u00f1o exacto despu\u00e9s de la paralizaci\u00f3n, el 4 de octubre de 2014, el mismo gobierno que hab\u00eda calificado la cl\u00e1usula de \u00ababusiva\u00bb pag\u00f3 a Escal UGS 1.350 millones de euros mediante un decreto urgente, casi la totalidad de lo que la empresa reclamaba. La factura se reparti\u00f3 entre 7 millones de usuarios de gas, a devolver en 30 a\u00f1os a trav\u00e9s del recibo. Sumando los intereses a tres d\u00e9cadas, el c\u00e1lculo de entonces ya apuntaba a que la deuda del sistema gasista superar\u00eda los 4.700 millones de euros. En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional anul\u00f3 ese decreto, no por el fondo, sino por saltarse el tr\u00e1mite parlamentario sin urgencia real. Sin embargo, Santander, CaixaBank y Bankia ya hab\u00edan adelantado el dinero a Escal. Al caer el decreto, los bancos demandaron al Estado directamente. En 2020, el Tribunal Supremo oblig\u00f3 a pagarles los mismos 1.350 millones, repartidos entre Santander (50,94%), CaixaBank (34,05%) y Bankia (15%). Anular la indemnizaci\u00f3n solo cambi\u00f3 el nombre de quien cobraba. En 2023, la CNMC reclam\u00f3 368 millones adicionales a cinco firmas \u2014Escal, los tres bancos y Enag\u00e1s\u2014 por cobros que consideraba indebidos entre 2014 y 2017.<\/p>\n

Sin responsables: la absoluci\u00f3n penal y la comparecencia de Florentino P\u00e9rez<\/h2>\n

En noviembre de 2021, la Audiencia de Castell\u00f3n absolvi\u00f3 a Escal UGS y a dos de sus directivos del delito medioambiental. En una comparecencia en el Parlament de Catalunya en 2019, Florentino P\u00e9rez se declar\u00f3 \u00abconsternado\u00bb por la \u00abdesgracia\u00bb del Castor, que defini\u00f3 como apenas \u00abel 1%\u00bb de la facturaci\u00f3n de su grupo, y asegur\u00f3 que sin la garant\u00eda estatal nadie habr\u00eda pujado por un proyecto donde \u00abel Estado asume el riesgo geol\u00f3gico\u00bb. La v\u00eda penal qued\u00f3 archivada, y ninguna de las decisiones pol\u00edticas que llevaron al fiasco tuvo consecuencias judiciales para los responsables pol\u00edticos.<\/p>\n

La situaci\u00f3n actual: desmantelamiento pendiente y nuevos costes<\/h2>\n

El almac\u00e9n sigue en hibernaci\u00f3n t\u00e9cnica desde 2014, y contin\u00faa generando gasto. En 2019, el Gobierno orden\u00f3 su desmantelamiento por fases, encargando el proceso a Enag\u00e1s. En 2025, Enag\u00e1s ya anotaba en sus cuentas 176 millones de euros pendientes de cobro solo por las labores de desmontaje. La ministra Sara Aagesen anunci\u00f3 que el fin del mantenimiento se completar\u00eda en ocho meses, pero a septiembre de 2026 el desmantelamiento a\u00fan no se ha ejecutado. Los \u00faltimos 200 millones de euros presupuestados, con previsi\u00f3n de cerrar los trabajos \u00abeste verano\u00bb, se suman a los 50 millones adicionales estimados para el desmantelamiento final. La factura p\u00fablica y de los consumidores ya se acerca a los 1.700 millones de euros que el ministro Soria calcul\u00f3 en 2013.<\/p>\n

El contexto geopol\u00edtico: Ormuz y la dependencia energ\u00e9tica de Espa\u00f1a<\/h2>\n

La posibilidad de un corte de suministro volvi\u00f3 a primer plano desde que Ir\u00e1n bloque\u00f3 de facto el estrecho de Ormuz el 28 de febrero de 2026, tras los ataques de Estados Unidos<\/a> e Israel, cortando una v\u00eda por la que antes circulaba una quinta parte del petr\u00f3leo y gas mundial. Seis meses despu\u00e9s, el estrecho sigue operando bajo m\u00ednimos, con 6.000 marineros varados y un negociador iran\u00ed repitiendo que no hay prisa por reabrirlo. Marruecos, que rompi\u00f3 relaciones con Teher\u00e1n en 2018 acus\u00e1ndolo de rearmar al Polisario, ha optado por el silencio diplom\u00e1tico y ha cerrado filas con las monarqu\u00edas del Golfo, dejando a Espa\u00f1a sin presi\u00f3n a\u00f1adida por ese flanco. Sin embargo, Espa\u00f1a no depende de ellos: entre el 81% y el 87% del gas que compra por gasoducto y GNL llega de Argelia, y sus 17 plantas de regasificaci\u00f3n cubren de sobra la demanda incluso en escenarios de corte total. El Castor, concebido como seguro ante una crisis de suministro, nunca lleg\u00f3 a cumplir esa funci\u00f3n.<\/p>\n

El balance de un fiasco multimillonario<\/h2>\n

Cuatro gobiernos distintos, dos colores pol\u00edticos, un decreto declarado inconstitucional que el Estado pag\u00f3 igual, un proceso penal archivado y una factura milmillonaria que sigue activa trece a\u00f1os despu\u00e9s del primer se\u00edsmo. Con el petr\u00f3leo por encima de 91 d\u00f3lares por barril, pese a la destrucci\u00f3n de demanda global, Espa\u00f1a sigue pagando por una instalaci\u00f3n que nunca lleg\u00f3 a funcionar. El agujero del Castor se estar\u00e1 amortizando hasta 2044 a trav\u00e9s de las facturas de los consumidores, mientras la querella criminal presentada nunca pareci\u00f3 pesar sobre las cabezas de los organizadores. La historia del Castor no es solo la de un proyecto fallido: es un ejemplo de c\u00f3mo los riesgos geol\u00f3gicos, la falta de previsi\u00f3n y unas cl\u00e1usulas contractuales excepcionales pueden generar una deuda que pagar\u00e1n durante d\u00e9cadas millones de personas, sin que nadie haya asumido responsabilidades pol\u00edticas ni penales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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