No hay nada como decirle a un niño que algo no puede hacer para que lo desee con todas sus fuerzas. Algo similar ocurre con Donald Trump: basta con que exista un territorio que jamás podrá poseer para que quiera plantar una bandera de Estados Unidos cuanto antes. Por eso, el presidente estadounidense se ha obsesionado con la Luna. Su argumento es simple: Estados Unidos fue el primer país en pisarla y, según cómo avancen los acontecimientos, también el segundo. Pero hay un problema de 1967 que se interpone en su camino: un tratado internacional que prohíbe la apropiación de cualquier cuerpo celeste. La semana pasada, Trump publicó en Truth Social una imagen generada por inteligencia artificial con la frase «The Moon is ours», desatando un debate que mezcla la provocación política, las lagunas legales y el futuro de la exploración espacial.
La proclamación de Trump en Truth Social: imágenes generadas por IA y una declaración de intenciones
Desde que el mandatario aprendió a utilizar herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes, sus publicaciones en Truth Social se han vuelto, cuanto menos, pintorescas. Se le ha visto destruyendo Irán con un mazo, charlando en el despacho oval con George Washington o caminando junto a un extraterrestre capturado por su Gobierno. Pero entre todas esas fantasías visuales, una imagen destaca por su carga política: una composición casi promocional en la que aparece la frase «The Moon is ours». «La Luna es nuestra».
De momento, Trump no ha dado ningún paso legal para formalizar la reclamación. Sin embargo, estas imágenes, que en principio podrían parecer meras bromas digitales, constituyen una declaración de intenciones nada velada. En el contexto de su política exterior agresiva y su desdén por los acuerdos multilaterales, la Luna se convierte en el próximo objetivo simbólico de una administración que busca expandir la influencia estadounidense más allá de la Tierra.
¿Qué dice exactamente el Tratado del Espacio Exterior sobre la propiedad de la Luna?
El Tratado del Espacio Ultraterrestre, también conocido como Tratado del Espacio Exterior, fue firmado en 1967 por 62 países, incluidos Estados Unidos y la Unión Soviética. Actualmente cuenta con 118 estados firmantes. Su principio fundamental es claro: «el espacio ultraterrestre, incluida la Luna y otros cuerpos celestes, no podrá ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera». En otras palabras, ningún país puede reclamar la Luna como propia, ni establecer bases militares, ni instalar armas de destrucción masiva en el espacio. El espacio es de todos y no se puede conquistar. Esta es la respuesta directa a la pregunta: el tratado prohíbe explícitamente la apropiación nacional de cualquier cuerpo celeste, y la Luna no es una excepción.
El tratado también establece que la exploración del espacio debe realizarse con fines pacíficos y en beneficio de toda la humanidad. Incluye la prohibición de instalar cualquier construcción con fines militares y el uso de armas nucleares desde el espacio. Es, en esencia, el marco legal que ha permitido la cooperación espacial internacional durante más de cinco décadas.
Las lagunas legales del Tratado: recursos, instalaciones y los Acuerdos Artemis
A pesar de su contundencia, el Tratado del Espacio Exterior no es perfecto. Deja varias cuestiones sin abordar, y esas son precisamente las grietas por las que Trump y su administración intentan colarse. La más relevante tiene que ver con la propiedad de los recursos extraídos de la Luna y otros cuerpos celestes. El tratado habla de exploración libre y uso pacífico, pero no especifica qué ocurre cuando una empresa o un país extrae minerales, agua o helio-3 de la superficie lunar. ¿Pertenecen esos recursos a quien los extrae? ¿O siguen siendo patrimonio común de la humanidad?
Esta laguna legal es la que ha intentado explotar la administración Trump a través de los Acuerdos Artemis. Estos acuerdos, promovidos por la NASA como parte del programa Artemis para volver a la Luna, establecen que la extracción de recursos espaciales no constituye por sí misma una apropiación nacional prohibida por el Tratado. Aunque no se habla directamente de apropiación territorial, numerosos analistas legales consideran que esta interpretación permite de facto que las empresas posean los recursos que extraigan. En la práctica, se declara extraoficialmente que el marco legal permitiría a compañías privadas reclamar la propiedad de lo que saquen de la Luna.
Otra laguna significativa es la relacionada con los tipos de instalaciones permitidas. El tratado autoriza la construcción de instalaciones de investigación, siempre que los resultados se compartan con toda la comunidad internacional. Pero, ¿qué ocurre con otro tipo de construcciones, como hoteles, bases comerciales o infraestructuras de minería? El texto no lo especifica, y varias compañías ya están explorando esa ambigüedad para planificar proyectos lunares con ánimo de lucro.
Implicaciones geopolíticas: la carrera lunar se intensifica
La declaración de Trump, aunque parezca una ocurrencia más de sus redes sociales, llega en un momento clave de la geopolítica espacial. China está cada vez más cerca de superar a la NASA en misiones marcianas y ha invitado a otros países a unirse a sus proyectos. La Luna se ha convertido en el nuevo tablero de juego donde potencias como Estados Unidos, China, Rusia e incluso la India compiten por establecer presencia permanente. En ese contexto, cualquier intento de apropiación unilateral, por más simbólico que sea, puede desencadenar tensiones diplomáticas y acelerar una carrera que muchos quisieran mantener regulada.
Los Acuerdos Artemis, de los que Estados Unidos es el principal impulsor, ya han generado recelos entre otros países firmantes del Tratado del Espacio Exterior. Algunos consideran que estos acuerdos bilaterales son una forma de eludir el espíritu del tratado de 1967, al crear un marco legal paralelo que favorece los intereses estadounidenses y de sus aliados. La publicación de Trump no hace sino avivar esas suspicacias.
¿Puede Trump realmente reclamar la Luna? Entre la declaración política y la realidad legal
La respuesta corta es no. El Tratado del Espacio Exterior sigue vigente y Estados Unidos es uno de sus firmantes originales. No existe una policía espacial que vaya a sancionar a quien lo incumpla, pero el derecho internacional tiene mecanismos para resolver disputas. Cualquier reclamación formal de soberanía sobre la Luna sería rechazada por la comunidad internacional y probablemente llevaría a una condena en la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, la estrategia de Trump parece más orientada a sentar un precedente político que a obtener un reconocimiento legal inmediato.
Al declarar que «la Luna es nuestra», el presidente estadounidense está moldeando la opinión pública y preparando el terreno para futuras acciones unilaterales. Si logra que una mayoría de ciudadanos estadounidenses acepte la idea de que la Luna pertenece a Estados Unidos, cualquier administración futura tendría un mandato popular para presionar por cambios en el tratado o por interpretaciones más laxas del mismo. Es una jugada a largo plazo, típica de su estilo político: sembrar una idea controvertida, normalizarla a base de repetición y luego actuar sobre ella.
La falta de un ente sancionador es, paradójicamente, la mayor debilidad del Tratado del Espacio Exterior. Depende de la buena voluntad de los países firmantes y de la presión diplomática para hacerse cumplir. Si una potencia como Estados Unidos decide ignorarlo sistemáticamente, el tratado podría quedar en letra muerta. Por eso, aunque una simple imagen generada por IA no debería provocar alarma, las intenciones que revela sí merecen atención. Los confines de la Tierra le resultan demasiado pequeños a un presidente que parece no tener suficiente con ser, en sus propias palabras, «prácticamente el presidente del mundo».
La Luna, ese satélite que ha inspirado a la humanidad durante milenios, se enfrenta ahora a un nuevo capítulo de su historia: el de la tentación de poseerla. Y aunque un tratado de 1967 lo impida formalmente, las lagunas legales, la ambición política y el avance tecnológico están poniendo a prueba los límites del derecho espacial. La pregunta ya no es si la Luna puede ser reclamada, sino cuándo y cómo alguien lo intentará de nuevo. Trump ya ha dado el primer paso simbólico. El resto dependerá de la comunidad internacional y de su capacidad para defender un principio que hasta ahora parecía indiscutible: que el espacio es de todos.
