En España conviven dos realidades aparentemente contradictorias: el número de contribuyentes con patrimonios superiores a 30 millones de euros se ha duplicado desde 2013, pero al mismo tiempo se ha reducido el conjunto de personas obligadas a tributar por el Impuesto de Patrimonio. Los datos publicados por la Agencia Tributaria correspondientes a 2024 revelan que la concentración de riqueza avanza sin pausa, mientras que la base de declarantes de este impuesto se estrecha ligeramente. Detrás de esta paradoja fiscal se esconde un fenómeno económico bien documentado: la riqueza se acumula cada vez en menos manos, y las herramientas tributarias diseñadas para gravarla han sufrido transformaciones profundas en la última década.
De 471 a 1.023 grandes fortunas en once años: la curva imparable
En 2013, apenas 471 personas declaraban un patrimonio neto superior a 30 millones de euros ante la Agencia Tributaria. Once años después, en 2024, esa cifra se había más que duplicado hasta alcanzar los 1.023 contribuyentes. El crecimiento ha sido sostenido, con pequeñas fluctuaciones. En 2014 ya eran 508; en 2015, 549; en 2017, 611. Solo 2018 registró un leve descenso, con 608 casos. A partir de ahí, la tendencia se aceleró: 831 en 2021, 852 en 2022, 865 en 2023. El mayor salto interanual se produjo en 2024, cuando se incorporaron 158 nuevos contribuyentes a este selecto grupo.
El patrimonio total declarado por estos contribuyentes del escalón más alto también creció de forma significativa, hasta los 986.985 millones de euros, un 5,7% más que el año anterior. Este incremento no solo refleja la aparición de nuevas fortunas, sino también la revalorización de las ya existentes. La concentración de riqueza no es un fenómeno exclusivamente español —se observa en la mayoría de economías desarrolladas— pero la evolución de los datos tributarios permite medir con precisión cómo se está produciendo en el país.
El Impuesto de Patrimonio: un tributo con historia errática
Para entender la paradoja de que haya más grandes fortunas pero menos declarantes del Impuesto de Patrimonio, hay que repasar la trayectoria de este tributo. El Impuesto de Patrimonio se eliminó en España en 2008, en plena crisis financiera global, como parte de un paquete de medidas para estimular la economía. Sin embargo, en 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo restableció con carácter temporal. Lo que inicialmente iba a ser una solución de emergencia se ha mantenido hasta la actualidad: ni el Ejecutivo de Mariano Rajoy ni el de Pedro Sánchez lo han derogado.
Durante años, varias comunidades autónomas, especialmente Madrid, aplicaron bonificaciones del 100% en este impuesto. Esto significaba que los residentes en esas regiones declaraban su patrimonio, pero no pagaban ni un euro. Un informe de la Agencia Tributaria citado en el análisis muestra que, antes de los cambios normativos de 2022, apenas un 27,6% de las grandes fortunas españolas pagaba efectivamente el Impuesto de Patrimonio. El resto se beneficiaba de las bonificaciones autonómicas o de estrategias de planificación fiscal.
La situación cambió radicalmente en 2022, cuando el Gobierno central creó el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas. Este nuevo tributo grava los patrimonios netos superiores a tres millones de euros, pero solo se aplica si el contribuyente no está ya pagando el Impuesto de Patrimonio autonómico. La jugada política y fiscal forzó a comunidades como Madrid y Andalucía a recuperar su propio tributo para no perder la recaudación en favor del Estado. En la práctica, hoy casi todas las grandes fortunas en España tributan por alguno de los dos impuestos.
¿Qué es el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas y cómo funciona?
El Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas es un tributo estatal creado en 2022 que grava los patrimonios netos superiores a tres millones de euros. Su peculiaridad es que funciona como un impuesto complementario o de cierre: solo se paga cuando el contribuyente no abona el Impuesto de Patrimonio autonómico. De esta forma, las comunidades autónomas que habían bonificado al 100% el Patrimonio se vieron obligadas a restablecerlo para no ceder la recaudación al Estado. El resultado ha sido una tributación efectiva y casi universal de las grandes fortunas, con tipos que en la práctica son equivalentes a los del antiguo Patrimonio bonificado.
Récord de recaudación: 2.153,7 millones de euros en 2024
El otro lado de la moneda es el incremento en la recaudación. En 2024, Hacienda ingresó 2.153,7 millones de euros por el Impuesto de Patrimonio, la cifra más alta de toda la serie histórica y un 9,3% más que el año anterior. Este aumento responde directamente a la implantación del Impuesto de Solidaridad, que ha cerrado la vía de la bonificación autonómica total.
El caso de Madrid es paradigmático. La comunidad pasó de no ingresar nada por Patrimonio en 2022 —cuando aplicaba la bonificación del 100%— a recaudar cerca de 643 millones de euros en 2024. Andalucía siguió un camino similar: de cero a 38,7 millones de euros en el mismo periodo. Ambas comunidades prefirieron restablecer su propio impuesto y quedarse con esa recaudación antes que dejar que el Estado la captara a través del nuevo tributo de solidaridad.
Menos declarantes, pero más ricos: el efecto de la concentración
A pesar del incremento en el número de grandes fortunas, el total de declarantes obligados a tributar por el Impuesto de Patrimonio se redujo ligeramente en 2024, hasta los 227.424 contribuyentes, un 0,5% menos que en 2023. Esto significa que, aunque el club de los más ricos se ha ampliado, el umbral para entrar en la obligación de declarar —que varía según cada comunidad autónoma, pero suele rondar los 700.000 euros de patrimonio neto— ha desplazado a algunos contribuyentes por debajo del mínimo.
Sin embargo, los que sí declaran han visto incrementar su patrimonio medio. El promedio de riqueza declarada por los contribuyentes del Impuesto de Patrimonio creció un 6,4% respecto a 2023. Es decir, el grupo de declarantes se ha hecho ligeramente más pequeño, pero también más rico en términos medios. Este fenómeno es consistente con la dinámica de concentración de riqueza: los patrimonios más altos crecen más rápido que la media, mientras que los patrimonios medios y bajos —los que estaban cerca del umbral de declaración— pueden estar saliendo de la obligación tributaria por diversos factores, como cambios en la valoración de activos o en la normativa autonómica.
¿Por qué se han duplicado las grandes fortunas en España desde 2013?
La duplicación del número de contribuyentes con patrimonios superiores a 30 millones de euros responde a múltiples factores. En primer lugar, la recuperación económica tras la crisis de 2008 y la posterior pandemia ha revalorizado activos financieros e inmobiliarios. En segundo lugar, la creación de nuevas empresas tecnológicas y la globalización de los mercados han permitido la generación de grandes fortunas en plazos más cortos. En tercer lugar, las condiciones fiscales favorables en algunas comunidades autónomas —especialmente Madrid— atrajeron a contribuyentes de alto patrimonio durante años, lo que incrementó el censo de grandes fortunas declarantes. Los datos de la Agencia Tributaria muestran que el mayor salto se produjo tras la pandemia, entre 2020 y 2024, cuando el crecimiento se aceleró notablemente.
El papel de las comunidades autónomas en la tributación de la riqueza
La competencia fiscal entre comunidades ha sido un factor determinante en la evolución del Impuesto de Patrimonio. Durante años, Madrid utilizó la bonificación total como herramienta de atracción de capital y talento. Otras comunidades, como Andalucía, también aplicaron bonificaciones parciales. Esta dinámica generó un mapa fiscal fragmentado donde la tributación efectiva de la riqueza dependía del lugar de residencia.
La creación del Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas en 2022 cambió las reglas del juego. Al ser un tributo estatal que se aplica cuando no se paga el autonómico, eliminó la posibilidad de que una comunidad pudiera ofrecer una exención total. La respuesta de Madrid y Andalucía fue restablecer sus propios impuestos para captar la recaudación. En la práctica, la presión fiscal sobre las grandes fortunas se ha homogeneizado en todo el territorio nacional, aunque con matices en los tipos aplicables y en los mínimos exentos.
Este cambio normativo ha tenido un efecto directo en la recaudación autonómica. Madrid, que había renunciado a ingresar estos fondos durante más de una década, ahora recibe cerca de 643 millones de euros anuales por este concepto. Para el Estado, el Impuesto de Solidaridad ha funcionado como un mecanismo de cierre fiscal, garantizando que las grandes fortunas contribuyan independientemente de su lugar de residencia.
Implicaciones económicas y sociales de la concentración de riqueza
La duplicación de las grandes fortunas en España no es un dato aislado, sino que se inscribe en una tendencia global documentada por organismos como el World Inequality Lab. La cuestión central no es solo que haya más millonarios, sino que la riqueza se concentre cada vez en menos manos mientras la base de contribuyentes del Impuesto de Patrimonio se reduce. Esto plantea preguntas sobre la progresividad del sistema fiscal y sobre la capacidad del Estado para redistribuir la riqueza generada por el crecimiento económico.
El Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas ha logrado aumentar la recaudación y cerrar las vías de elusión fiscal que permitían las bonificaciones autonómicas. Sin embargo, la cifra de 2.153,7 millones de euros recaudados en 2024 representa apenas un 0,15% del PIB español, un porcentaje modesto en comparación con otros países europeos que gravan el patrimonio neto. Alemania, por ejemplo, no tiene un impuesto sobre el patrimonio, pero países como Francia, Noruega o Suiza sí lo aplican con tipos y umbrales diversos.
El debate sobre la eficacia y equidad del Impuesto de Patrimonio sigue abierto. Algunos economistas argumentan que grava activos que ya han tributado por renta o sociedades, generando doble imposición. Otros defienden que es necesario para combatir la desigualdad y financiar el estado del bienestar. Los datos de la Agencia Tributaria ofrecen una base sólida para este debate: muestran que las grandes fortunas están creciendo en número y valor, y que la tributación efectiva ha aumentado tras la reforma de 2022, pero también que el número de personas sujetas al impuesto se ha reducido ligeramente.
¿Cuánto han crecido realmente las grandes fortunas en España?
Según los datos oficiales de la Agencia Tributaria, el número de contribuyentes con patrimonio superior a 30 millones de euros pasó de 471 en 2013 a 1.023 en 2024, lo que representa un incremento del 117% en once años. El patrimonio total declarado por este grupo alcanzó los 986.985 millones de euros en 2024, con un crecimiento interanual del 5,7%. La recaudación total del Impuesto de Patrimonio en 2024 fue de 2.153,7 millones de euros, la más alta de la serie histórica, impulsada por la implantación del Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas.
El futuro de la tributación sobre la riqueza en España
La evolución del Impuesto de Patrimonio y del Impuesto de Solidaridad dependerá de múltiples factores. El primero es político: la continuidad de ambos tributos está sujeta a los equilibrios parlamentarios y a las posibles reformas fiscales que puedan plantearse. El segundo es jurídico: el Tribunal Constitucional tiene pendiente pronunciarse sobre la constitucionalidad del Impuesto de Solidaridad, recurrido por algunas comunidades autónomas. El tercero es económico: la evolución de los mercados financieros e inmobiliarios influirá en la valoración de los patrimonios y, por tanto, en la base imponible.
Lo que los datos de la Agencia Tributaria confirman es que la concentración de riqueza es un fenómeno estructural que no muestra signos de revertirse. La duplicación de las grandes fortunas en once años, combinada con la reducción del número total de declarantes del Impuesto de Patrimonio, refleja una dinámica donde la riqueza se acumula en la cúspide mientras la base de contribuyentes patrimoniales se estrecha. La reforma de 2022 ha logrado que esas grandes fortunas tributen de manera efectiva, pero el debate sobre si el nivel de tributación es suficiente o si se necesitan instrumentos adicionales para abordar la desigualdad patrimonial sigue abierto.
Los próximos años serán clave para determinar si España consolida un sistema fiscal que grave la riqueza de forma progresiva y eficiente, o si, por el contrario, la presión fiscal sobre el patrimonio se relaja en un contexto de competencia fiscal internacional. Lo que parece claro es que la duplicación de las grandes fortunas no es una anomalía coyuntural, sino la manifestación de tendencias económicas profundas que el sistema tributario deberá seguir gestionando.
