El proyecto Castor, el almacén subterráneo de gas situado a 1.750 metros bajo el lecho marino frente a Vinaròs, nunca ha vendido ni un solo metro cúbico de gas comercial. Sin embargo, según la orden ministerial de 2017, ha generado una deuda total de 4.700 millones de euros que los consumidores y contribuyentes españoles siguen pagando. Trece años después de los primeros seísmos que paralizaron su operación, el almacén permanece sellado, en hibernación técnica, y continúa acumulando gastos: los últimos 200 millones de euros anunciados para su desmantelamiento, que el Gobierno prometió cerrar «este verano» de 2026, se suman a una factura que ya roza los 1.700 millones de euros públicos, la cifra que el entonces ministro José Manuel Soria estimó en 2013. Mientras tanto, Enagás, la operadora del sistema gasista, cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio de 126,9 millones, un 27,9% menos que en el mismo periodo de 2025, pero aún así el agujero del Castor sigue sin cerrarse.
El origen de un proyecto faraónico: de la planificación de 2002 a la urgencia de 2006
La idea del almacén de gas Castor ya figuraba en la planificación energética española de 2002, bajo el gobierno de José María Aznar, aunque entonces se descartó por considerarse prematura. Cuatro años después, en 2006, con José Luis Rodríguez Zapatero en la presidencia y Joan Clos al frente del Ministerio de Industria, el proyecto pasó a ser calificado como «urgente» y «prioritario». La concesión fue otorgada mediante el Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo, a la empresa Escal UGS, participada en un 66,67% por ACS (el grupo de Florentino Pérez) y el resto por la canadiense Dundee. El decreto, con una duración de 30 años prorrogables a otros 20, incluía una cláusula excepcional en su artículo 4: si la concesión se extinguía, la empresa cobraría el valor de sus instalaciones aunque mediara «dolo o negligencia» por su parte. En 2011, el decreto fue modificado para ajustar los plazos de puesta en marcha, que ya acumulaban retraso. El ministro que firmó la modificación, Miguel Sebastián, culpó después a su antecesor, Joan Clos, de haberle «colado» el proyecto sin la debida diligencia.
Lo construido: un almacén obsoleto antes de estrenarse
Escal UGS reutilizó un antiguo yacimiento petrolífero explotado por Shell, que había extraído 56 millones de barriles de petróleo entre 1975 y 1989. Sobre esa base, la compañía montó una plataforma marina, construyó un gasoducto de 30,3 kilómetros y una planta de tratamiento en tierra en Vinaròs, bautizada «Ignacio Pérez» en honor al hermano fallecido de Florentino Pérez. La capacidad de almacenamiento proyectada era de 1,9 bcm (miles de millones de metros cúbicos), equivalente a un tercio de la demanda española de gas durante 50 días. Sin embargo, cuando las obras finalizaron a mediados de 2012, la crisis económica ya había hundido la demanda de gas a la mitad. El almacén nació obsoleto antes de iniciar su operación comercial.
Los terremotos que paralizaron el proyecto: más de 400 microseísmos en tres meses
Las pruebas de inyección de gas comenzaron en junio de 2013. Entre junio y septiembre de ese año, se registraron más de 400 microseísmos en la zona de Castellón y Tarragona, generando alarma social. El 26 de septiembre de 2013 se detuvo la inyección, y el 3 de octubre el ministro José Manuel Soria confirmó la paralización mediante el Real Decreto-ley 13/2014, calificando la cláusula de indemnización de «abusiva» y solicitando al Tribunal Supremo su anulación. El Supremo desestimó el recurso del Estado el 14 de octubre de 2014, apenas once días después, fallando a favor de la validez de la cláusula. En mayo de 2017, un estudio del MIT y Harvard vinculó los temblores con la inyección de gas, y un mes después, un equipo de la Universidad Politécnica de Madrid publicó la confirmación definitiva: se trataba de «sismicidad inducida» causada directamente por la presión de la inyección, y «sismicidad disparada» por la reactivación de una falla próxima al aumentar la presión de poros en el subsuelo, con algunos eventos de intensidad III en la escala EMS98. Hasta la fecha, se han registrado más de 1.000 microseísmos en la zona.
El efecto bumerán: el bloqueo de la evaluación ambiental en toda España
Los seísmos también desencadenaron una crisis interna en la Administración. En enero de 2015, un juzgado de Vinaròs imputó a 18 personas por prevaricación medioambiental, todas ellas técnicos del Instituto Geológico y Minero y de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, acusados de no haber evaluado el riesgo sísmico antes de aprobar el proyecto. Teresa Ribera, entonces secretaria de Estado que firmó la declaración de impacto ambiental, no fue imputada. El resultado fue un bloqueo generalizado de las evaluaciones ambientales: en 2016 solo se publicaron 5 declaraciones de impacto ambiental en el BOE, frente a 38 en 2015 y 122 en 2009. El atasco afectó a proyectos ajenos al gas, como una mina en Extremadura con 400 empleos que permaneció paralizada 14 meses, o la ronda sur de Málaga, que esperaba su papeleo ambiental desde 2015.
La indemnización de 1.350 millones: pagada dos veces, a los bancos y al Estado
Un año exacto después de la paralización, el 4 de octubre de 2014, el mismo gobierno que había calificado la cláusula de «abusiva» pagó a Escal UGS 1.350 millones de euros mediante un decreto urgente, casi la totalidad de lo que la empresa reclamaba. La factura se repartió entre 7 millones de usuarios de gas, a devolver en 30 años a través del recibo. Sumando los intereses a tres décadas, el cálculo de entonces ya apuntaba a que la deuda del sistema gasista superaría los 4.700 millones de euros. En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional anuló ese decreto, no por el fondo, sino por saltarse el trámite parlamentario sin urgencia real. Sin embargo, Santander, CaixaBank y Bankia ya habían adelantado el dinero a Escal. Al caer el decreto, los bancos demandaron al Estado directamente. En 2020, el Tribunal Supremo obligó a pagarles los mismos 1.350 millones, repartidos entre Santander (50,94%), CaixaBank (34,05%) y Bankia (15%). Anular la indemnización solo cambió el nombre de quien cobraba. En 2023, la CNMC reclamó 368 millones adicionales a cinco firmas —Escal, los tres bancos y Enagás— por cobros que consideraba indebidos entre 2014 y 2017.
Sin responsables: la absolución penal y la comparecencia de Florentino Pérez
En noviembre de 2021, la Audiencia de Castellón absolvió a Escal UGS y a dos de sus directivos del delito medioambiental. En una comparecencia en el Parlament de Catalunya en 2019, Florentino Pérez se declaró «consternado» por la «desgracia» del Castor, que definió como apenas «el 1%» de la facturación de su grupo, y aseguró que sin la garantía estatal nadie habría pujado por un proyecto donde «el Estado asume el riesgo geológico». La vía penal quedó archivada, y ninguna de las decisiones políticas que llevaron al fiasco tuvo consecuencias judiciales para los responsables políticos.
La situación actual: desmantelamiento pendiente y nuevos costes
El almacén sigue en hibernación técnica desde 2014, y continúa generando gasto. En 2019, el Gobierno ordenó su desmantelamiento por fases, encargando el proceso a Enagás. En 2025, Enagás ya anotaba en sus cuentas 176 millones de euros pendientes de cobro solo por las labores de desmontaje. La ministra Sara Aagesen anunció que el fin del mantenimiento se completaría en ocho meses, pero a septiembre de 2026 el desmantelamiento aún no se ha ejecutado. Los últimos 200 millones de euros presupuestados, con previsión de cerrar los trabajos «este verano», se suman a los 50 millones adicionales estimados para el desmantelamiento final. La factura pública y de los consumidores ya se acerca a los 1.700 millones de euros que el ministro Soria calculó en 2013.
El contexto geopolítico: Ormuz y la dependencia energética de España
La posibilidad de un corte de suministro volvió a primer plano desde que Irán bloqueó de facto el estrecho de Ormuz el 28 de febrero de 2026, tras los ataques de Estados Unidos e Israel, cortando una vía por la que antes circulaba una quinta parte del petróleo y gas mundial. Seis meses después, el estrecho sigue operando bajo mínimos, con 6.000 marineros varados y un negociador iraní repitiendo que no hay prisa por reabrirlo. Marruecos, que rompió relaciones con Teherán en 2018 acusándolo de rearmar al Polisario, ha optado por el silencio diplomático y ha cerrado filas con las monarquías del Golfo, dejando a España sin presión añadida por ese flanco. Sin embargo, España no depende de ellos: entre el 81% y el 87% del gas que compra por gasoducto y GNL llega de Argelia, y sus 17 plantas de regasificación cubren de sobra la demanda incluso en escenarios de corte total. El Castor, concebido como seguro ante una crisis de suministro, nunca llegó a cumplir esa función.
El balance de un fiasco multimillonario
Cuatro gobiernos distintos, dos colores políticos, un decreto declarado inconstitucional que el Estado pagó igual, un proceso penal archivado y una factura milmillonaria que sigue activa trece años después del primer seísmo. Con el petróleo por encima de 91 dólares por barril, pese a la destrucción de demanda global, España sigue pagando por una instalación que nunca llegó a funcionar. El agujero del Castor se estará amortizando hasta 2044 a través de las facturas de los consumidores, mientras la querella criminal presentada nunca pareció pesar sobre las cabezas de los organizadores. La historia del Castor no es solo la de un proyecto fallido: es un ejemplo de cómo los riesgos geológicos, la falta de previsión y unas cláusulas contractuales excepcionales pueden generar una deuda que pagarán durante décadas millones de personas, sin que nadie haya asumido responsabilidades políticas ni penales.
