En España, el campo genera el 84% de la energía renovable del país, un dato que convierte a las zonas rurales en la columna vertebral de la transición energética nacional. Sin embargo, esta producción masiva no se traduce en un beneficio proporcional para los territorios que la albergan. Mientras los parques eólicos y solares se extienden por la geografía, los municipios de la España vaciada ven cómo los ingresos y el empleo que prometían estas instalaciones se diluyen, generando un descontento creciente y un debate urgente sobre cómo redistribuir la riqueza de la revolución verde.
Del 84% de la producción al 5% del empleo local: la brecha de la transición
Los datos hablan con claridad. Según las cifras de la Agencia Empresarial Eólica, España es la sexta potencia eólica del mundo, con más de 22.400 aerogeneradores repartidos en 1.454 parques eólicos. La producción se concentra en comunidades como Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón, que aportan más de la mitad de la energía generada por el viento. Paralelamente, la energía solar fotovoltaica, tercera fuente de generación nacional por detrás de la eólica y la nuclear, encuentra su mayor desarrollo en Extremadura y Andalucía. El campo español es, sin duda, el motor de la descarbonización.
Pero la radiografía del empleo muestra una realidad asimétrica. En Extremadura, por ejemplo, alrededor del 50% del valor de su producción industrial pertenece al subsector energético. Sin embargo, solo el 5% de la población activa de la región trabaja en este sector. La paradoja es evidente: las renovables generan una enorme riqueza en términos de producción, pero su capacidad para crear empleo local estable es limitada. Durante la fase de construcción, los parques demandan mano de obra intensiva, pero una vez operativos, se convierten en industrias altamente mecanizadas que requieren pocos trabajadores, a menudo con perfiles técnicos cualificados que no siempre se encuentran en el pueblo.
El impacto territorial: cuando las placas y los aerogeneradores no traen progreso
El desencanto ha dado lugar al movimiento “Renovables sí, pero no así”. Plataformas vecinales y colectivos ecologistas denuncian que la implantación de megaparques tiene un impacto significativo en el entorno natural y la biodiversidad, al tiempo que los beneficios económicos no revierten en las comunidades locales. Un ejemplo paradigmático lo ofrece la estimación de Teruel Existe: si se aprobasen todos los proyectos eólicos pendientes de tramitar en la provincia de Teruel, ocuparían el 10% de su superficie. Además, según los cálculos de esta organización, solo el 3% de los beneficios que genera un parque eólico se queda en el territorio donde se instala: un 2% corresponde a impuestos municipales y un 1% al propietario del terreno.
Esta desproporción genera una pregunta central: ¿por qué la España que produce la energía limpia que necesita el país no está viendo mejorar sus servicios, su empleo ni su demografía? La respuesta tiene que ver con un modelo de desarrollo que prioriza la capacidad de generación sobre la cohesión territorial y la justicia social.
La concentración geográfica de la producción y el consumo
La producción renovable se reparte con cierta uniformidad por el territorio, pero su impacto no. Mientras que comunidades como Castilla y León o Aragón albergan cientos de parques, existen “desiertos eólicos” como la Comunidad de Madrid, que concentra el consumo pero no la generación. Esto crea un flujo unidireccional de energía y riqueza: los recursos salen del campo hacia las grandes ciudades y los centros industriales, sin que se produzca una reciprocidad en forma de inversión, infraestructuras o servicios para los municipios rurales.
Los beneficios perdidos: una crisis de confianza en el modelo energético
Cuando el 84% de la energía renovable se genera en el campo español, pero el beneficio económico y laboral se queda mayoritariamente fuera de él, se produce una crisis de legitimidad. El apoyo social a la transición energética sigue siendo alto —una encuesta de Sigma Dos para UNEF revela que el 66,3% de los españoles cree que la fotovoltaica es la tecnología que más debería desarrollarse—, pero el descontento local puede convertirse en un freno para futuros proyectos.
Las comunidades rurales no se oponen a las renovables por una cuestión ideológica, sino por una cuestión práctica: sienten que los costes —paisajísticos, ambientales y de ocupación del suelo— son asumidos por ellos, mientras que los beneficios se reparten entre grandes empresas, inversores externos y el sistema eléctrico nacional. Sin una corrección de este desequilibrio, la narrativa de la transición verde corre el riesgo de ser percibida como un nuevo episodio de colonialismo energético.
Propuestas de solución: hacia una transición justa e inclusiva
Ante esta situación, comienzan a surgir propuestas concretas para corregir el rumbo. Un estudio de Fedea, realizado por el catedrático Diego Rodríguez, plantea la creación de un sistema de compensación específico para los municipios afectados por grandes instalaciones renovables. La idea es que estos ayuntamientos reciban un flujo de ingresos directo y predecible que compense el impacto territorial y sirva para financiar servicios públicos o proyectos de desarrollo local.
Otra iniciativa relevante es la impulsada por el Foro Vecinos Eólicos, una plataforma que agrupa a comunidades locales, empresas del sector y administraciones. Este foro ha presentado en el Congreso la Declaración Conjunta del Sector Eólico y los Municipios para el Desarrollo Local Sostenible. El documento persigue dos objetivos estratégicos: situar a las personas que conviven con los aerogeneradores en el centro de la toma de decisiones y crear un espacio de diálogo abierto y constructivo entre todas las partes implicadas. Se trata de un reconocimiento explícito de que el actual modelo de implantación necesita ajustes para ser socialmente sostenible.
¿Cómo funciona un sistema de compensación para municipios rurales?
Un sistema de compensación como el propuesto por Fedea funcionaría como un fondo económico directo para los ayuntamientos donde se instalan los parques. A diferencia de los impuestos actuales, que a menudo son insuficientes o se diluyen en las arcas provinciales, este mecanismo garantizaría un porcentaje fijo de los ingresos generados por la venta de electricidad o una cantidad anual por megavatio instalado. El dinero podría destinarse a mejorar infraestructuras, fijar población, financiar servicios públicos o desarrollar proyectos de economía local, convirtiendo la instalación renovable en un activo comunitario y no en una carga.
El futuro de las renovables en la España vaciada: ¿especulación o desarrollo?
El reto demográfico de España no se resuelve solo con energía verde. Las cifras son claras: el campo produce el 84% de la energía renovable, pero la despoblación continúa en muchas de las zonas que más aportan. El equilibrio solo llegará si se articulan mecanismos que vinculen la producción energética con el bienestar local. No se trata de frenar la transición ecológica, sino de hacerla más justa, inclusiva y eficiente desde el punto de vista territorial.
El camino que se está explorando en el Congreso y en los foros de diálogo apunta a un cambio de paradigma: pasar de un modelo en el que las renovables se instalan en el campo a otro en el que se integran en el campo. Esto implica reconocer que las comunidades rurales no son meros soportes geográficos para la producción energética, sino actores clave cuyo apoyo es indispensable para alcanzar los objetivos climáticos. La energía limpia es necesaria, pero su despliegue debe ir acompañado de un compromiso firme con el desarrollo local, la creación de empleo cualificado y la redistribución de los beneficios. Solo así la transición energética será realmente sostenible, también para la España que la hace posible.
