Cuando una persona fallece, deja tras de sí un rastro digital que puede ser tan valioso como complicado de gestionar. Cuentas de correo electrónico, perfiles en redes sociales, suscripciones, fotografías almacenadas en la nube, contraseñas, carteras de criptomonedas e incluso dispositivos inteligentes conforman lo que se conoce como herencia digital. Sin embargo, a diferencia de los bienes tangibles, acceder a estos activos no siempre está garantizado para los herederos. La falta de planificación previa, la opacidad de las políticas de las plataformas tecnológicas y los vacíos legales existentes pueden convertir lo que ya es un proceso doloroso en una auténtica odisea burocrática. Para empeorar las cosas, los ciberdelincuentes también han identificado un filón en la vulnerabilidad de los fallecidos y sus familias, haciendo del patrimonio digital un objetivo cada vez más codiciado.
El marco legal: una maraña de jurisdicciones y vacíos
Una de las principales dificultades que enfrentan los familiares reside en la disparidad de las leyes y las políticas de servicio de las empresas tecnológicas. Mientras que entidades tradicionales como bancos, agencias tributarias y compañías de tarjetas de crédito cuentan con procedimientos consolidados para gestionar la cancelación de cuentas tras un fallecimiento, muchas empresas nativas digitales siguen tratando la muerte como un «caso excepcional», según advierte la OpenID Foundation en su informe «The Unfinished Digital Estate», publicado en marzo de 2026. Desde una perspectiva jurídica, las leyes de herencia rara vez incluyen de forma explícita los activos digitales, las políticas de las plataformas son a menudo «opacas» y las herramientas disponibles para los herederos están fragmentadas.
El panorama regulatorio varía significativamente entre regiones. En Estados Unidos, la Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA) busca facilitar este proceso, pero en la práctica obliga a los familiares a navegar por los términos de servicio (ToS) a veces idiosincrásicos de cada plataforma, lo que puede convertirse en un laberinto legal. En el Reino Unido, los expertos advierten que, a menos que se planifique con antelación, los proveedores de servicios pueden negarse tajantemente a conceder acceso a las cuentas. No obstante, el llamado Property (Digital Assets, etc.) Bill, actualmente en propuesta, pretende clasificar los activos digitales como propiedad personal, lo que permitiría incluirlos en testamentos y someterlos a las leyes de herencia. En Europa, el European Law Institute trabaja en armonizar las legislaciones regionales para establecer directrices claras sobre la herencia de los restos digitales y la protección de la información contenida en las cuentas.
¿Qué ocurre en España y América Latina?
En los países de habla hispana, la situación es aún más difusa. España carece de una ley específica que regule la herencia digital, aunque el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) otorga a los herederos ciertos derechos sobre los datos personales del fallecido, siempre que medie una autorización expresa. En la práctica, plataformas como Google o Facebook exigen documentación notarial y procesos que pueden alargarse semanas. En América Latina, países como México, Colombia o Argentina han comenzado a discutir proyectos de ley, pero la realidad es que la mayoría de los casos se resuelven caso por caso, sometidos a las condiciones de uso de cada servicio. Esta falta de uniformidad legal sitúa a los herederos en una posición de incertidumbre que los estafadores no dudan en explotar.
Los riesgos: del dolor emocional al fraude financiero
Para los amigos y familiares en duelo, la imposibilidad de acceder a los restos digitales de un ser querido puede agravar el impacto emocional. Las redes sociales, por ejemplo, a menudo muestran notificaciones de cumpleaños o fotos etiquetadas que actúan como recordatorios no deseados, reabriendo heridas. Pero el problema va más allá de lo sentimental. Existe un impacto financiero tangible: los herederos pueden verse imposibilitados de recuperar criptomonedas u otros activos digitales que legítimamente les corresponden, o descubrir que suscripciones activas están consumiendo los fondos del fallecido sin posibilidad de cancelación inmediata.
Sin embargo, el riesgo más alarmante lo constituye la acción deliberada de los defraudadores. Los ciberdelincuentes han detectado una oportunidad lucrativa en la muerte de otras personas. Primero, rastrean obituarios y publicaciones en redes sociales en busca de datos personales con los que suplantar la identidad del fallecido. Con esa información, intentan abrir nuevas líneas de crédito a nombre de la persona fallecida o cometer fraudes fiscales, presentando declaraciones de impuestos en su nombre para reclamar devoluciones. La dificultad para bancos y agencias gubernamentales radica en que, al no haber un monitor activo de las cuentas, este tipo de fraude puede prolongarse mucho más de lo que sería posible con una persona viva.
Paralelamente, los estafadores también pueden dirigir sus ataques contra la familia del difunto. Por ejemplo, extraen fragmentos de vídeo o audio del fallecido de internet para crear deepfakes póstumos con los que solicitar dinero o información sensible a los familiares, todavía conmocionados. Otra táctica consiste en secuestrar las cuentas en redes sociales del fallecido para lanzar mensajes fraudulentos a sus contactos. Incluso es frecuente que los delincuentes se hagan pasar por una compañía de seguros para exigir el pago de una tasa por la liberación de un fondo de vida, o que ofrezcan un ficticio servicio de «recuperación de cuentas» a cambio de un honorario.
La importancia de planificar la herencia digital
Ante este escenario, la primera línea de defensa es la planificación anticipada. Ya sea para uno mismo o para un ser querido, resulta fundamental elaborar un inventario digital de todas las cuentas, dispositivos y activos importantes, incluyendo sus credenciales de acceso. Esta tarea puede complicarse si se utilizan passkeys o monederos digitales para almacenar contraseñas, pero sigue siendo un punto de partida imprescindible.
Uno de los pasos más eficaces que pueden darse es designar un «contacto de legado» en las principales plataformas tecnológicas antes del fallecimiento. La mayoría de las grandes empresas ofrecen esta funcionalidad, aunque con distintos niveles de permisos. Google permite configurar un «administrador de cuentas inactivas» que puede transferir datos a un contacto de confianza tras un período de inactividad. Apple, por su parte, incluye el programa «Contacto de legado» que permite a una persona designada acceder a fotos, mensajes, notas y otros datos almacenados en iCloud. Facebook y Meta ofrecen la opción de convertir un perfil en «conmemorativo» o designar un «contacto de legado» con capacidad para gestionar ciertas acciones. Microsoft permite nombrar una «persona de confianza» para acceder a la cuenta de Outlook y OneDrive. TikTok también ha incorporado la posibilidad de nombrar un contacto de legado.
Las limitaciones de los permisos póstumos
Es importante tener en cuenta que, incluso cuando se ha designado un contacto de legado, los permisos pueden estar restringidos. Dependiendo de la plataforma, el contacto puede no tener acceso completo a todos los datos o funcionalidades, y en algunos casos no podrá recibir códigos de verificación de un solo uso (OTP) necesarios para completar ciertas acciones. Por ello, aunque la designación de un contacto de legado es un paso en la dirección correcta, no garantiza un acceso total. Al menos debería ser suficiente para cerrar o asegurar las cuentas, impidiendo que los estafadores las utilicen.
Medidas concretas para mitigar el fraude tras un fallecimiento
Si se ha producido el fallecimiento y no existía una planificación previa, los herederos deben actuar con rapidez para minimizar los riesgos financieros. El primer paso es presentar la declaración de impuestos del fallecido, incluso si no estaba obligado a hacerlo, ya que esto cierra la ventana a posibles fraudes fiscales. A continuación, es recomendable colocar una «alerta de fallecido» en los informes de crédito del difunto en todas las agencias de crédito, y monitorear cualquier actividad inusual. También conviene cancelar la licencia de conducir y congelar las cuentas bancarias y tarjetas de crédito, eliminándolas definitivamente una vez que sea seguro hacerlo. Todas las suscripciones activas que se descubran deben ser canceladas.
Otra precaución esencial es evitar compartir información excesiva en el obituario, ya que los estafadores pueden estar monitorizando estas publicaciones para recolectar datos personales. Asimismo, es vital alertar a todos los amigos y familiares cercanos sobre la posibilidad de que surjan estafas dirigidas, como llamadas o mensajes de supuestos servicios de recuperación de cuentas o seguros.
La respuesta de la industria y el futuro de la herencia digital
La OpenID Foundation ha hecho un llamamiento a los responsables políticos, las plataformas tecnológicas y los organismos de normalización para que trabajen en conjunto y hagan que el proceso de gestión de la herencia digital sea más sencillo, robusto y menos traumático para los supervivientes. La propuesta de ley en el Reino Unido y los esfuerzos de armonización en Europa son pasos en esa dirección, pero la realidad es que, por ahora, la carga recae sobre los hombros de los particulares.
Mientras no exista un marco global que obligue a las empresas a facilitar el acceso a los activos digitales tras la muerte, la mejor estrategia sigue siendo la prevención. Hablar abiertamente sobre la herencia digital, documentar las cuentas y designar contactos de legado son acciones que, aunque puedan resultar incómodas, constituyen la única garantía real de que los seres queridos no quedarán atrapados en un laberinto burocrático y emocional. En un mundo donde la identidad digital es ya una extensión de nuestra vida, preparar su legado es, en definitiva, un acto de responsabilidad y cariño hacia quienes nos sobreviven.
