Una montaña artificial de 45 millones de toneladas de sal tóxica, acumulada durante décadas sobre la colina del Cogulló en Sallent de Llobregat, tendrá que ser retirada por completo. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha cerrado la vía judicial a Iberpotash, la química controlada mayoritariamente por el conglomerado israelí Israel Corporation, y ha convertido en firme y ejecutable la sentencia que en 2014 ordenó restablecer la realidad física alterada. Dos décadas después de la primera denuncia vecinal, el caso culmina con una orden de desmantelamiento que no tiene precedentes recientes en la minería española.
El depósito de El Cogulló, levantado junto al antiguo poblado íbero que da nombre a la colina, se había convertido en la montaña más alta de la comarca del Bages y en uno de los mayores focos de riesgo ecológico de Cataluña. La sentencia obliga a la empresa, hoy rebautizada como ICL Iberia, a desmontar la estructura y reparar el daño causado en los ríos Cardener y Llobregat, que alimentan los acuíferos y las plantas de tratamiento de agua que abastecen a millones de personas en el área metropolitana de Barcelona.
El Tribunal Supremo inadmitió el último recurso de casación en junio de 2026, y hace una semana el portazo definitivo confirmó que no quedan más cartas procesales. La pregunta central ya no es si se retirará la montaña de sal, sino cuánto tardará, cuánto costará y qué efectos tendrá sobre una comarca que depende de la actividad minera de la misma compañía que ha causado el daño.
Del pozo de Emili Viader al gigante israelí: un siglo de explotación potásica
La cuenca salina del Bages acumula más de un siglo de explotación minera. En 1900, el ingeniero Emili Viader excavó un pozo de 50 metros en Súria para extraer sal, en lo que fue el punto de partida de una de las regiones mineras más relevantes de España. En 1912 se descubrió potasio en la cuenca salina catalana y en 1929, Potasas Ibéricas comenzó a extraerlo en Sallent. Desde entonces, la minería del potasio se convirtió en un pilar económico del Bages y de toda Cataluña central.
La potasa es un fertilizante esencial en la agricultura, pero su extracción produce una cantidad enorme de residuo salino. Durante décadas, los procesos de flotación y cristalización utilizados para separar el cloruro potásico del resto de sales generaron unas salmueras que la industria no supo, o no quiso, gestionar de forma segura. El residuo, compuesto principalmente por cloruro sódico, se depositó en escombreras al aire libre, a la espera de una solución que nunca llegaba.
El vertedero de El Cogulló comenzó a crecer a finales de los años setenta. Durante más de cuatro décadas, Potasas Ibéricas primero e Iberpotash después arrojaron toneladas de residuos salinos sobre la colina de Sallent. Sin tratamiento, sin sellado y sin plan de recuperación, la escombrera se convirtió en una montaña de sal visible desde cualquier punto de la comarca.
La llegada de capital israelí marcó un punto de inflexión en la gestión, pero no precisamente en la dirección que demandaban los vecinos. En 1998, Israel Chemicals Limited (ICL), controlada mayoritariamente por Israel Corporation, compró el negocio a la SEPI por algo más de 17.000 millones de pesetas y fundó Iberpotash. La multinacional heredó el vertedero como parte del paquete y, lejos de clausurarlo, continuó alimentándolo durante dos décadas más.
La denuncia de La Rampinya: veinte años para que la justicia escuche a un barrio
El punto de no retorno llegó en 2006, cuando la asociación de vecinos del barrio de la Rampinya de Sallent pidió al ayuntamiento que abriera un expediente urbanístico contra Iberpotash por la ampliación de las escombreras salinas. El consistorio no dio respuesta, y los vecinos decidieron recurrir por su cuenta ante los tribunales. Era una decisión de apariencia desigual: un puñado de ciudadanos contra una multinacional respaldada por un Estado extranjero.
Ocho años después, el 18 de febrero de 2014, el TSJC dio la razón a los vecinos y ordenó la suspensión inmediata de los vertidos y el restablecimiento de la realidad física alterada. La contundencia del fallo se amplió al día siguiente: un juzgado de Manresa condenó a tres exdirectivos de Iberpotash a dos años de cárcel por delito ecológico. La Audiencia de Barcelona ratificó esa condena el 14 de noviembre de 2016, rebajando la pena por dilaciones indebidas pero manteniendo la obligación de sufragar la recuperación ambiental.
Los principales hitos de la batalla judicial se resumen así:
- Febrero de 2014: el TSJC ordena suspender los vertidos y recuperar el terreno.
- Noviembre de 2016: la Audiencia de Barcelona confirma la condena a los directivos y la obligación de reparar.
- Junio de 2019: cesan por fin los vertidos, cinco años después de la sentencia.
- Marzo de 2024: el TSJC rechaza la legalización urbanística invocada por la empresa.
- 2025 y junio de 2026: el Tribunal Supremo inadmite los recursos de casación y la sentencia de 2014 queda firme.
Esa cronología refleja la estrategia de una empresa que apostó por alargar los plazos mientras la contaminación seguía extendiéndose. La propia sentencia de 2024 recuerda que no consta la retirada de ni un solo metro cúbico de residuo desde el cese del vertido, un hecho que dibuja con crudeza la actitud de la compañía ante la justicia.
Sal en los ríos: la mancha que llegó hasta los grifos de Barcelona
El daño ambiental no se quedó en la colina de Sallent. La salinización alcanzó los ríos Cardener y Llobregat, dos cursos de agua esenciales para el abastecimiento de Barcelona. El Llobregat y el Ter forman el sistema hidrológico del que bebe el área metropolitana, y la infiltración de salmueras en los acuíferos y la escorrentía contaminada elevaron de forma sostenida los niveles de cloruro y sodio del agua.
El resultado fue la inutilización de una docena de pozos y fuentes para consumo humano y ganadero. Donde antes se podía beber agua, ahora se extraía una solución salobre que superaba los límites recomendados para la salud. La percepción de la ciudadanía era clara: la montaña de sal estaba envenenando la cuenca que alimenta a millones de personas.
En 2015, la Comisión Europea puso el asunto en su radar y notificó a la Generalitat el incumplimiento de varias normativas comunitarias sobre agua y residuos, en línea con la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea. Esa directiva obliga a los Estados miembros a garantizar un buen estado ecológico y químico de las masas de agua, y la cuenca del Llobregat suspendía esa exigencia de forma estructural.
El colector de salmueras que debía contener la catástrofe se ha revelado como un parche insuficiente. Construido en 1988 y de titularidad pública, dependiente de la Agencia Catalana del Agua, ha registrado un promedio de unas 35 fugas al año durante su historia. Mantener la red ha costado más de 400 millones de euros, una cifra que en buena parte ha financiado el contribuyente mientras la empresa que generó los residuos facturaba sin asumir los costes de su contaminación.
Por qué es firme la retirada de las 45 millones de toneladas de sal tóxica
La tesis principal de Iberpotash para librarse de la restauración fue siempre la misma: el vertedero estaba legalizado por el Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) de Sallent, que fijaba un plazo prorrogado hasta 2019 para la clausura. Si la actividad estaba amparada por el planeamiento, la empresa sostenía que no se le podía exigir la retirada de un residuo depositado en ese marco.
El TSJC respondió en marzo de 2024 con una doctrina que ha hecho fortuna: «Las determinaciones del POUM no pueden comportar una legalización encubierta de las actuaciones ilegales realizadas con anterioridad». Dicho de otro modo: ningún plan urbanístico posterior convierte en legal lo que fue ilegal desde el primer vertido.
El Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación en 2025 y volvió a rechazarlo en junio de 2026. Hace una semana, el último portazo judicial cerró definitivamente el litigio, veinte años después de la primera denuncia vecinal. La orden de retirar las 45 millones de toneladas de sal tóxica ya es firme, sin posibles prórrogas ni trucos procesales.
¿Qué significa en la práctica restablecer la realidad física alterada?
Restablecer la realidad física alterada implica desmantelar la escombrera de El Cogulló, retirar las 45 millones de toneladas de sal contaminante acumuladas y devolver el terreno a su estado anterior a los vertidos. No basta con sellar o cubrir la montaña: la empresa debe eliminar la masa salina, recuperar la topografía original y reparar las afecciones generadas sobre los acuíferos y los cursos de agua.
La obligación corre íntegramente por cuenta de la compañía, con el objetivo de preservar el equilibrio ecológico perturbado. En la práctica, se trata de una obra de ingeniería ambiental de escala comparable a una gran infraestructura de transporte, con la dificultad añadida de que el material a mover es soluble y altamente contaminante.
Un plan de restauración de décadas con la mina aún en marcha
ICL Iberia ha reaccionado al final del litigio con un compromiso formal de cumplir la resolución. La empresa invoca un programa de restauración aprobado por la administración en julio de 2018, que prevé un orden de actuación específico: partir de la escombrera menor de la Botjosa y abordar después el gran depósito del Cogulló. El plan marca un inicio previsto de la retirada progresiva en 2025 y un horizonte de trabajo que los propios técnicos de la compañía calculan en varias décadas.
Esa proyección, que para la empresa parece un ejercicio de realismo técnico, para los vecinos suena a una nueva prórroga encubierta. Durante los años de litigio, el argumento de la complejidad sirvió para justificar la inacción; ahora, con una sentencia firme, la administración dispone de instrumentos para imponer plazos concretos, sancionar incumplimientos e incluso ejecutar las obras de forma subsidiaria repercutiendo el coste a la empresa.
El elemento que condiciona todo es económico. Iberpotash sigue operando la mina de Súria con más de 1.000 empleados directos y un impacto anual en la comarca superior a los 270 millones de euros. La empresa es, a la vez, el principal motor productivo del Bages y la responsable de uno de los desastres ambientales más graves de la historia reciente de Cataluña. Esa dualidad explica la cautela de las instituciones a la hora de ejercer presión y también la lentitud con la que se ha movido el expediente de restauración.
Hay además una cuestión de fondo que el caso ha puesto sobre la mesa: el coste de la contaminación. Durante décadas, la empresa no internalizó el gasto ambiental de su actividad; la factura se repartió entre el deterioro del agua, los 400 millones de euros del colector público y la degradación de los ecosistemas. La sentencia introduce un criterio nuevo y relevante: quien ensucia, restaura, y esa restauración no puede compensarse con la actividad económica legítima que la empresa diga mantener.
El fósforo blanco y la matriz israelí de Iberpotash
La dimensión internacional del caso ha transcendido el ámbito catalán. Nora Miralles, investigadora del Observatori de Drets Humans i Empreses, ha documentado que ICL, a través de su filial en Estados Unidos, actúa como intermediaria en la venta de fósforo blanco al Departamento de Defensa estadounidense; una vez completada la transacción, otra empresa del país lo vende al Ejército de Israel. El hallazgo conecta a la matriz de Iberpotash con la cadena de suministro de un compuesto químico con un historial aterrador.
El fósforo blanco está prohibido por la Convención Internacional sobre las Armas Químicas, administrada por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), y su uso sobre población civil ha sido documentado en El Líbano por Human Rights Watch en reiteradas ocasiones. La sustancia provoca quemaduras graves en contacto con la piel y es extremadamente difícil de extinguir una vez encendida, lo que la convierte en una amenaza humanitaria incluso cuando se emplea como cortina de humo.
La vinculación entre la mina de potasa en Súria y el negocio militar de la matriz es incómoda para la estrategia corporativa de ICL Iberia, que ha tratado de separar su operación catalana del resto del conglomerado. Pero los vínculos han quedado documentados y añaden una capa de exigencia ética a una empresa que, en Cataluña, ya debía responder por una montaña de sal y un río contaminado.
La montaña que separa la minería del futuro del Bages
La retirada de las 45 millones de toneladas de sal tóxica no es únicamente una obligación judicial: es la prueba de que el sistema puede corregir, aunque sea tarde, los desequilibrios que la actividad económica genera cuando se ejerce sin control. La historia de El Cogulló revela un fallo reiterado de las administraciones, que durante cuarenta años miraron hacia otro lado mientras una empresa acumulaba residuos al aire libre junto a un antiguo poblado íbero. También demuestra que la sociedad civil organizada, cuando activa los mecanismos judiciales, puede sostener una causa durante veinte años que nadie más quiso llevar.
Para Sallent de Llobregat y toda la cuenca del Cardener-Llobregat, el futuro inmediato pasa por compaginar la restauración ambiental con la continuidad de una actividad económica clave para centenares de familias. El reto técnico es mayúsculo: la sal es un material quebradizo y soluble, cuya excavación, transporte y destino final exigen protocolos rigurosos y un control independiente para no prolongar la contaminación durante las obras. La financiación, la supervisión y la transparencia serán los tres pilares que determinen si el plan de restauración se convierte en realidad o en otro episodio de dilación.
La experiencia del Bages ofrece una lección extrapolable a otros territorios mineros de España y de América Latina. La industria extractiva tiende a operar en zonas de baja presión institucional, con administraciones locales que temen perder inversión, empleo y recaudación si cuestionan a las grandes empresas. El caso de Iberpotash demuestra que la justicia, cuando es movilizada, puede imponer límites que ni los poderes públicos ni las cadenas de valor se atrevieron a plantear. La montaña de sal de Sallent acabará por desaparecer, pero su ejemplo —el de una colina artificial erigida sobre la permisividad y desmontada por la terquedad de un barrio— permanecerá como una advertencia de lo que puede lograr la ciudadanía cuando los mecanismos del Estado funcionan.
